Durante el período 2008 – 2014, la gestión
tributaria de la jurisdicción asignada a la zona de Santo Domingo, dio como
resultado una recaudación cercana a los 311 millones de dólares, por concepto
de impuestos fiscales administrados por el Servicio de Rentas Internas – SRI, prácticamente
duplicando la recaudación en el transcurso de 7 años, lo que implicó un ritmo
de crecimiento promedio del 14% anual, pese a que el promedio de crecimiento de
la economía fue del 4,4% para ese mismo período.
El
crecimiento sostenido de la recaudación, sobre los niveles de crecimiento de la
economía, obedece a una mejora sustancial en el aspecto tecnológico, jurídico y
de eficiencia administrativa.
En
este período, sucedieron varios acontecimientos importantes en lo normativo que
han tenido afectación positiva en la recaudación de impuestos, como fue la
expedición de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador publicada
en diciembre de 2007, donde se implementándose los impuestos reguladores (Salida
de Divisas, Tierras Rurales, Ingresos extraordinarios por explotación de
recursos naturales no renovables) y el Régimen Impositivo Simplificado - RISE, el cual permitió incrementar la base
de contribuyentes y formalizar a los agentes económicos con ingresos anuales
menores a los $ 60.000 USD. Esta reforma incorporó beneficios para las nuevas
inversiones y generación de empleo; planteó una reducción progresiva de la tasa
del impuesto a la renta para sociedades del 25% al 22%; y tipificó como delito
de defraudación tributaria a 15 infracciones.
A
partir de octubre del año 2008, que entra en vigencia la Constitución de
Montecristi, cambian los principios rectores de la tributación, orientando la carga
tributaria hacia los impuestos directos, considerada socialmente más justa por
sustentarse en el principio de la progresividad. En este mismo año, se
incorpora el impuesto a los activos financieros ubicados en el exterior.
En
el año 2010 con la expedición del Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones, se incorporaron una serie de incentivos tributarios para nuevas
inversiones y zonas económicamente deprimidas. Para el año 2011, la Ley de
Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, conllevó la
implementación de los “impuestos verdes” o ecológicos que gravaron a la
contaminación producida por los vehículos con motores de más de 1500 cc; y se fomentó
la acción de reciclaje a través de la implementación del impuesto redimible a
las botellas plásticas no retornables.
En septiembre de 2012, se robusteció la potestad coactiva
de las entidades del sector público, a través de la Ley Orgánica para la
Protección de los Derechos Laborales; y en diciembre, se emitió la Ley Orgánica para la Redistribución
el Gasto Social, mediante la cual, se gravó al sector financiero para solventar
el incremento del Bono de Desarrollo Humano. A finales del año 2014, la
Asamblea aprobó la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del
Fraude Fiscal, cuyo contenido entrará en vigencia a partir del año 2015.
Todos
estos elementos, político – administrativos se conjugan con la realidad socio –
económica de la provincia, para dar paso a los procesos productivos que
fomentan la inversión, reinversión, ahorro empleo, en una fusión de sectores
público y privado que aprovechan los recursos naturales y la ubicación
estratégica de la provincia.
En
lo concerniente a la principal fuente de contribuciones fiscales, destaca la
actividad comercial, que representó para el año 2014, el 45,4% de la
recaudación total de la provincia, seguida por la actividad agrícola-ganadera
(10,4%) y la inmobiliaria (8,7%), siendo estas 3 actividades económicas las más
importantes desde la perspectiva de la contribución fiscal, ya que concentran
el 65% de la recaudación provincial.
El desempeño económico de la provincia se ve reflejado en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo cual invita a reflexionar sobre los anhelados procesos de construcción de una autonomía política, administrativa y financiera, capaz de solventar las necesidades de desarrollo de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, para lo cual se requiere aprovechar los incentivos fiscales y locales a fin de captar inversiones productivas que favorezcan a las actividades con mayor potencial de crecimiento en beneficio de la provincia y el país.
El desempeño económico de la provincia se ve reflejado en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo cual invita a reflexionar sobre los anhelados procesos de construcción de una autonomía política, administrativa y financiera, capaz de solventar las necesidades de desarrollo de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, para lo cual se requiere aprovechar los incentivos fiscales y locales a fin de captar inversiones productivas que favorezcan a las actividades con mayor potencial de crecimiento en beneficio de la provincia y el país.
Artículo remitido a la Revista Visión de Santo Domingo de los Tsáchilas - Enero 2015
